Encuentro sobre responsabilidad Social tecnológica

Iclaves estará presente en la edición 2014 del encuentro erst’14

Juan Pablo Villar G. Research Manager, estará moderando la mesa redonda ¿Ha llegado la tecnología sanitaria al alcance de todos? dentro del Bloque Sanidad y Salud (I) a las 1o hrs.  Síguela en streaming a través del siguiente link: Streaming

Esta mesa redonda contará con los siguientes ponentes:

  • D. Ismael Sanz. Fisioterapeuta especializado en rehabilitación neurológica en pediatría. Profesor en la Universidad Europea. Responsable del área de rehabilitación motora de  NeuroPed
  • D. José Antonio Valverde. Médico Investigador 061 Andalucia, Experto internacional en eSalud y exdirector del CENTAC
  • D. Roberto Hornero Sánchez,Director del Grupo de Ingeniería Biomédica E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación, Universidad de Valladolid
  • D. Juan Ramón Campillo, Director de telemedicina, Hospital Gómez Ulla

¿Que és el erst’14?

El “Encuentro sobre responsabilidad Social tecnológica” erst, es un evento con un formato novedoso en España en el que de forma ágil y proactiva se pone en contacto a la comunidad productora y financiadora de tecnologías de la información y las comunicaciones, la comunidad científica y los beneficiarios.

El erst combina las tradicionales mesas redondas, respetando su formato original para que sean dialogadas, y las conferencias, ponencias y talleres, con las redes sociales y sus canales, la transmisión en directo y participación de público fuera del recinto de celebración, y las tertulias entre beneficiarios, creadores y distribuidores, todo ello acompañado de un lugar expositivo donde poder percibir los últimos avances en soluciones TIC para todos.

El Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica erst es un evento único en España que bajo el lema en esta edición “Preguntas clave sobre tecnología responsable” plantea un formato diferente en este tipo de eventos propiciando el encuentro entre todos los actores que intervienen en el desarrollo y el uso de las TIC, con especial énfasis en los diseños centrados en el usuario final que es, en definitiva, a quien van dirigidas las tecnologías.

Su formato tipo encuentro, permite a los investigadores, fabricantes y proveedores así como a las entidades públicas y privadas, intercambiar experiencias y puntos de vista. Pero como la presencia de los usuarios es activa, se ofrece un factor diferencial de este encuentro con respecto a otros congresos y eventos similares puesto que este intercambio se ve enriquecido por la intervención del público objeto de los temas tratados: los beneficiarios de las TIC.

ersttiene lugar a lo largo de una jornada y media. Durante este tiempo, y conviviendo con la zona expositiva donde los interesados podrán ver los últimos avances en tecnología social, se desarrollarán sesiones plenarias, y mesas redondas, siendo la exposición paralela un taller constante de demostraciones de tecnologías y productos.

Dirigido a:

  • Entidades de utilidad pública
  • Comunidad académica y organismos de I+D
  • Instituciones privadas y empresas
  • Ciudadanos y colectivos de personas que usan las TIC.

Mas info aquí: Fundación Tecnología Social F_T_S

El sector TIC necesita más mujeres (reblogueado)

Noticia publicada en Actualidad y Prensa   | Representación en España de la UE 

09 de octubre de 2013 | Internet y Sociedad de la Información  

El sector TIC necesita más mujeres

Según una encuesta de la Comisión Europea, hay pocas mujeres interesadas en trabajar en el sector digital. Si esta tendencia se diera la vuelta y el número de mujeres igualara al de hombres, el Producto Interior Bruto europeo podría crecer cada año unos 9.000 millones de euros. Ganarían las mujeres, ganaría la economía y ganaría el sector de las tecnologías de la comunicación (TIC).

En el sector de las TIC trabajan 7 millones de personas en Europa, de las que el 30 por ciento son mujeres. La poca participación femenina es una constante en toda la Unión Europea, aunque curiosamente es mayor en el sur, España, Portugal, Grecia e Italia ( 35,6 %) y en Europa oriental (34,3 %) que en Europa occidental (29,4 %) o en el norte (28,6 %).

  • De cada 1.000 europeas licenciadas o diplomadas, solo 29 tienen un título universitario en TIC. En el caso de los hombres, 95.
  • Solo 4 de cada 1.000 mujeres trabajarán en el sector digital.
  • Solo el 19,2 % de las personas que trabajan en las TIC tiene un jefe mujer, frente al 45,2 % de los que trabajan en otros sectores
  • El número de empresarias en las TIC es muy bajo en comparación con otros sectores. Las mujeres representan el 31,3 % de los autónomos europeos y solo el 19,2 % trabaja en el sector digital.

La falta de mujeres es una grave carencia para las TIC

Como ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, “ahora sabemos, sin ninguna duda, que un mayor número de mujeres en una empresa la hace más prospera”. Según el estudio, las organizaciones con una presencia mayor de mujeres en puestos directivos tienen un 35 % más de rendimiento del capital y un 34 % más de rendimiento total para los accionistas respecto a otras empresas de su misma actividad  y volumen de negocio. Es un potencial que ni las empresas del sector digital ni Europa se puede permitir perder.

A pesar de esta falta de interés de las mujeres por las tecnologías de la información hay profesionales de éxito, desde creadoras de videojuegos a especialistas de la comunicación digital o responsables de elaboración de políticas en el ámbito de las TIC. Un mundo en continua evolución.

Una oportunidad que las mujeres no pueden dejar pasar

  •  Las mujeres que trabajan en el sector de las TIC ganan de media un 9 por ciento más que las trabajadoras de otros sectores
  • Tienen horarios laborales más flexibles
  • Pueden conciliar mejor la vida laboral y la familiar
  • Tienen menos problemas de desempleo
  • Es un sector en auge

El sector de las TIC crece con rapidez. Cada año se crean 120.000 nuevos puestos de trabajo. En 2015 habrá unos 900.000 puestos vacantes relacionados con el sector.

La gran coalición para el Trabajo Digital

La Comisión Europea ha creado una asociación con diferentes partes interesadas para hacer frente a la falta de formación en las TIC y cubrir los cientos de miles de puestos libres. Algunos de sus objetivos son :

  • Mejorar la imagen y el atractivo de las carreras TIC
  • Ofrecer programas de formación diseñados en colaboración con la industria de las TIC
  • Ofrecer grados y programas de estudio que respondan a las necesidades de los estudiantes y de la industria
  • Mejorar el reconocimiento de las cualificaciones en todos los países para estimular la adopción de un sistema de certificación europeo para las competencias digitales basándose en el actual Marco de Competencias TIC  http://www.ecompetences.eu/
  • Reducir los desajustes del mercado de trabajo estimulando la movilidad
  • Ayudar a los emprendedores digitales con el programa “Startup Europe” http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe-strengthening-environment-web-entrepreneurs, una plataforma única para disfrutar de herramientas y programas de apoyo a las personas que desean crear nuevas web

Ver el estudio >pdf

La mujer en las TIC #ICTgirls >

La Comisión lanza una iniciativa de crowdsourcing para financiar innovaciones TIC que creen crecimiento y puestos de trabajo

La Comisión ha puesto 10.000$ en juego para apoyar a las mejores ideas surgidas en torno a la creación de modelos de negocio y políticas innovadoras relacionadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que creen crecimiento y nuevos puestos de trabajo en la UE.

En este sentido ha lanzado dos retos diferentes a través de InnoCentive. El reto 1, centrado en la superación de barreras  para permitir el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en las TIC, y el reto 2 focalizado en la financiación de nuevos e innovadores modelos de negocio y políticas que conduzcan a crear nuevos puestos de trabajo y a mejorar las tasas de crecimiento económico basadas en las TIC.

Ambos desafios abrieron el 3 de marzo y permitirán la presentación de candidaturas durante 30 días.

Iclaves seleccionada dentro de un contrato marco de evaluación de impacto para el parlamento europeo

Iclaves resulta seleccionada como una de las 5 empresas consultoras a las que se pedirán ofertas para trabajos relacionados con la evaluación de impacto y la valoración como expertos TIC.

El pliego exige una gran  capacidad de manejar áreas relacionadas con la política industrial de la UE, la política de competencia, política comercial, redes transeuropeas (RTE) y el programa marco de investigación. Los temas del Lote 4 ICT están conectados con las siguientes prioridades (lista no exhaustiva):
  • Gestión del espectro radioeléctrico
  • La transición hacia las redes de nueva generación,
  • Servicios de medios audiovisuales
  • Gestión de derechos digitales
  • El cambio  hacia los servicios de computación en la nube
  • El creciente uso de los servicios de red social en el sector corporativo;
  • El Internet de las cosas,
  • Componentes electrónicos de bajo consumo y sistemas;
  • Uso de las TIC con fines de e-democracia
  • Uso de las TIC para fines de gobierno electrónico
  • Uso de las TIC en el sector salud
  • Uso de las TIC en el sector del transporte
  • Uso de las TIC en el sector energético
  • Uso de las TIC en el sector de defensa
  • Internet del futuro

Transparencia de la acción de gobierno y corrupción politica via Club de la Constitución

Elisa de la Nuez @elisadelanuez , estará impartiendo la conferencia titulada:

Transparencia de la acción de gobierno y corrupción politica.

Organizado por el Club de la Constitución y que se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Granada.

Más información en la web del Club de la Constitución. El Club de la Constitución tiene como objetivo mantener vivo el espíritu de la transición democrática, así como estudiar y difundir los valores de la Constitución de 1978, valores presididos por los principios de democracia y respeto a los derechos y libertades individuales.

Posteriormente colocaremos más información sobre el desarrollo del evento.

Cartel evento elisa de la nuez 13 febrero 2014

 

 

El Informe la Sociedad de la Información en España siE[13

La fundación Telefónica publica la decimocuarta edición del informe La Sociedad de la Información en España siE[2013 dicho estudio es considerado una de las publicaciones de referencia de carácter periódico en España. Iclaves ha colaborado durante los últimos años con la Fundación Telefónica en la elaboración de algunos apartados del mismo, por lo que es un orgullo formar parte del equipo de profesionales que dan vida a tan esperado trabajo año tras año.

El informe comienza con el desarrollo de las conclusiones de los hechos más relevantes del sector TIC y mostrando las principales megatendencias que impactan en los servicios y el comportamiento de la población.
Se podría decir según los resultados del informe, que el 2013 ha sido un año de alta demanda de servicios TIC a pesar del contexto económico adverso.

Veamos los principales resultados del informe:

  • Los usuarios que se conectan a diario son el 53,8% de la población entre 16 y 74 años. En la franja de 16 a 24, el porcentaje de usuarios intensivos de la red es del 86%.
  • En cifras absolutas casi 25 millones de españoles acceden a Internet, 700.000 más que el año pasado.
  • Las redes sociales forman parte de la vida del 64,1% de los usuarios de Internet, y del 94,5% de los que tienen entre 16 y 24 años.
  • La conexión en movilidad, cada vez más utilizada, hace que la banda ancha móvil sea el motor del avance de la Sociedad de la Información y sume 9,5 millones de nuevos usuarios en el último año.
  • En total ya hay 26 millones de móviles con Internet en España.
  • Aunque 2013 ha sido el año del 4G, la fibra óptica es la tecnología que más crece. Casi 9 de cada 10 nuevos accesos a redes ultrarrápidas son de fibra.
  • El número de smartphones sigue creciendo, ya existen en el mundo casi tantos teléfonos móviles -6.800 millones- como personas -7.100 millones-.
  • El 24 por cien de los internautas ya conectan a Internet la Televisión, un 33 por cien más que en 2012.

Cómo se ha comentado las tendencias de futuro que empiezan a estar presente y los indicadores  representativos del comportamiento de los usuarios en su vida digital siendo las más relevantes:

  • La mayor relevancia que del paradigma “Internet de las cosas” que se confirma por el aumento de las líneas M2M que ha superado los tres millones, registrando un ritmo de crecimiento de un 12,5% en el mes de julio de 2013.
  • Otra tendencia relevante es la denominada “inteligencia para llevar” que se materializa con la aparición de numerosos dispositivos inteligentes que llevamos a diario encima conocidos como “weareable devices” y que presentan muchas aplicaciones potenciales debido a la obtención en tiempo real de información del usuario. Estos dispositivos ya se utilizan ampliamente en el sector de la salud personal y se estima que en los dos próximos años se venderán unos 80 millones de dispositivos.

Se puede descargar el informe aquí o visualizar la presentación del informe aquí.

 

Adoptado Horizonte 2020 por el consejo de la UE

El Consejo ha adoptado Horizonte 2020, el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020

vía eshorizonte2020.es

Consejo de la Unión Europea, 03 de diciembre de 2013

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado hoy, 3 de diciembre de 2013, el nuevo programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020, cuya vigencia será de siete años, desde 2014 hasta 2020.

Horizonte 2020 reemplazará al 7ª Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UE, que ha estado vigente durante el periodo 2007-2013.

El nuevo programa, que cuenta con un total de 77.000 M€ en precios corrientes (excluyendo EURATOM), ha sido diseñado con la intención de acabar con la brecha entre la investigación y la innovación. A su vez, pretende resolver los retos sociales a los que se enfrenta Europa, sin olvidar el crecimiento y el empleo.

Dividido en tres pilares diferentes: Ciencia Excelente; Liderazgo Industrial y Retos Sociales, cuenta también con temáticas horizontales como la Ciencia con y para la Sociedad.

Puede acceder a la nota de prensa del Consejo sobre la adopción de Horizonte 2020 desde aquí y a una introducción a qué es Horizonte 2020 desde este enlace.

Prevención de la corrupción en la financiación de los partidos políticos

Elisa de la Nuez, Socia Directora de Iclaves, participa como moderadora en el Tercer seminario en el marco del proyecto de I+D: Programas de cumplimiento normativo en entidades públicas y privadas y derecho sancionador/ Good citizens corporations: compliance programs in public and private entities (Ref. POII10-0105-6140). Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Presentación.

El sistema español de partidos arrastra, desde su mismo nacimiento y en comparación con sus homólogos europeos, problemas de distinta naturaleza: débil implantación social, una pobre vida democrática interna, un sistema electoral que favorece a las formaciones tradicionalmente mayoritarias, etc. A estos problemas se les superponen los relativos a la corrupción en la financiación de partidos, que parecen haber llegado, en los últimos meses, a un verdadero punto de inflexión en el que el cambio parece inevitable y próximo.

La evolución del llamado “caso Bárcenas” ha volcado la atención pública sobre el problema de las finanzas de los partidos de una forma inédita hasta la fecha, haciendo más evidentes que nunca las graves deficiencias de los sistemas de control financiero utilizados hasta la fecha, basados en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos, la fiscalización del Tribunal de Cuentas, y una errática intervención de la jurisdicción penal. Muy recientemente, el gobierno se ha visto obligado a anunciar un “Plan Nacional de Regeneración Democrática”, que implicaría entre otras muchas reformas, la aprobación de una nueva Ley de Control Financiero de los Partidos.

En este contexto, este seminario realizado gracias al proyecto de investigación “Programas de cumplimiento normativo en entidades públicas y privadas y derecho sancionador” pretende apuntar algunas de las posibles vías de innovación en materia de prevención de la corrupción en los partidos. Dedicaremos, así, una parte de la jornada a cuestiones relativas a los límites y posibilidades del control contable y financiero, para pasar a analizar la posibilidad de mecanismos de democracia interna capaces de prevenir la corrupción, el papel de las leyes de transparencia, las reformas necesarias en la fiscalización del Tribunal de Cuentas, y el de la vía penal.

Esperamos poder contar con tu participación en este pequeño seminario que busca arrojar luz sobre un problema tan acuciante.

Programa:

Prevención de la corrupción en la financiación de los partidos políticos

 

28 de Noviembre de 2013 / Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional / Universidad de Castilla-La Mancha / Ciudad Real

Presentación.

10.00 – 10.20. Presentación: ¿Más allá de leyes y de códigos éticos?. Regulación y autorregulación en el ámbito del control de la corrupción en los partidos políticos. Adán Nieto y Manuel Maroto (UCLM)

Bloque I.

Límites y posibilidades del control por parte del Tribunal de Cuentas.

Modera: Nagore de los Ríos. (Plataforma por la reforma de la ley de partidos “+Democracia”. Periodista y consultora especialista en Gobierno Abierto. Ex directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet del Gobierno Vasco)

 

10.20 – 10.40. Límites y posibilidades de la fiscalización de los partidos por parte del Tribunal de Cuentas: aspectos jurídicos. José Joaquín Pardo Mosquera (Letrado del Tribunal de Cuentas)

11.00 – 11.20 Límites y posibilidades de la fiscalización de los partidos por parte del Tribunal de Cuentas aspectos técnicos. Mª Elena Vicente Rodríguez (Subdirectora Técnica del Departamento de Empresas Estatales del Tribunal de Cuentas)

11.20 – 12.00. Debate y pausa.

Bloque II.

Innovaciones en materia de control contable y financiero

Modera: Elisa de la Nuez (Plataforma “Por una nueva ley de partidos”. Abogada del Estado)

12.00 –  12.20. El nuevo plan contable de los partidos políticos. Ángel Rodríguez López (Universidad Complutense de Madrid)

12.40 – 13.00. Límites y posibilidades de la contabilidad como instrumento de control democrático. Alberto Muñoz Arenas (UCLM)

13.00 – 13.20. Manuales y guías financieras en los partidos políticos alemanes. Miguel Ongil (Colectivo #CuentasClaras)

13.20 – 13.40. Visualización de cuentas financieras como instrumento de control  Felix Ontañón (Ciudadanía Digital y @openkratio)

 

13.40 – 14.10. Debate

­Bloque III.

Innovaciones en materia de control interno y externo

Modera: Gema Sánchez Medero (Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración)

15.30 – 15.50. Democracia interna y participación ciudadana  como mecanismos de control de la corrupción. Fernando Flores Giménez (Universidad de Valencia)

15.50 – 16.10. Presupuestos participativos y control de la corrupción.  Javier Navascués (Universidad de Sevilla e Izquierda Unida)

16.10 – 16.30. Los órganos estatutarios de supervisión del cumplimiento de los códigos éticos  en los partidos políticos. Miguel Ángel Garrido (Comisión de garantías y control de Izquierda Unida)

16.30 – 16.50. La institucionalización de la transparencia en el sistema de financiación política. Gloria Martínez Cousinou  (Universidad Loyola Andalucía)

16.50 – 17.10. Justicia restaurativa y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de los partidos políticos. Manuel Maroto (UCLM) y Adán Nieto Martín (UCLM)

17.10 – 18.00. Debate y clausura.

 

Evaluación de políticas públicas: una asignatura pendiente en España

Por Carlota Tarín y Juan Pablo Villar publicado originalmente en ¿Hay Derecho?

En una época en la que todos los representantes políticos se están subiendo al carro de la transparencia, aunque algunos muy a pesar suyo, parece que va siendo necesario hablar de la forma en la que se realiza la evaluación de las políticas públicas que se desarrollan en nuestro país, que es de todo menos transparente.

La transparencia supone que los ciudadanos tengan acceso a la información pública, resultado del reconocimiento del llamado “derecho a saber” o “derecho de acceso a la información pública”, e implica que los ciudadanos tengan derecho a conocer cómo se prioriza, gestiona y administra el dinero público.

La evaluación de políticas públicas consiste en una serie de técnicas orientadas a valorar, de forma objetiva y fiable, cómo de efectiva y eficiente es, o se estima que será, una intervención pública.

La Comisión Europea define la evaluación como  “juicio o dictamen sobre las intervenciones de acuerdo con sus resultados, impactos y las necesidades que se pretendían satisfacer” y destaca que sus principales objetivos son aportar conocimiento útil para la definición de las acciones, incluyendo el establecimiento de prioridades políticas, valorar la eficiencia de las inversiones, mejorar la calidad de las intervenciones e informar sobre los logros de la intervención con el fin de cumplir con la rendición de cuentas exigible a los poderes públicos.

Bajo estas premisas, parece evidente que una evaluación que realmente persiga dichos fines debería cumplir una serie de requisitos:

  • La evaluación debería ser realizada por una entidad o institución independiente del organismo público que ha diseñado y puesto en marcha la política pública.

  • La evaluación no sólo debe realizarse al finalizar la política pública (evaluación ex  post), sino también antes de definir dicha política (evaluación ex ante) con la finalidad de entender correctamente el problema que se pretende corregir y decidir (lo que los anglosajones denominan knowledge based decision-making) qué intervención es la más adecuada para resolver el problema. Incluso, si la política pública se desarrolla en un espacio temporal amplio, es necesario realizar evaluaciones intermedias que permitan analizar posibles desviaciones del objetivo.

  • La evaluación debe realizarse utilizando técnicas y herramientas de recogida de información y de análisis contrastados (encuestas a los colectivos afectados por la política, análisis de coste-beneficio, etc.). La disponibilidad de datos es, por tanto, un prerrequisito imprescindible para la evaluación. Una evaluación debe ser replicable y verificable por terceros por lo que tanto los datos como las técnicas utilizadas deben ser públicas y accesibles.

Así, las “Finantial Regulations” de la Unión Europea, que establece los principios básicos de funcionamiento y normas de gestión de todo el presupuesto de la Unión Europea, exige que todos los programas o actividades de la Unión que supongan un gasto considerable deben ser objeto de evaluaciones ex ante y ex post, y que estas evaluaciones deben ser difundidas entre el resto de instituciones de la Unión, incluyendo el Parlamento. Pero no se evalúan únicamente los programas y acciones que implican un gasto público, sino que la actividad legisladora es también objeto de evaluación con el fin de mejorar la calidad normativa y legislativa.

En el caso estadounidense hay un elemento importante añadido al esfuerzo gubernamental por implementar la evaluación como parte integrante de los procesos de diseño y ejecución de políticas públicas y es el papel de la sociedad civil y los denominados think tanks. En el mundo anglosajón, además de una sociedad civil fuertemente articulada, existe una cultura de la evaluación muy arraigada en la que los think tanks tienen un papel muy relevante ya que son – en principio – entidades independientes que aúnan los enfoques académico y pragmático.

¿Podemos decir lo mismo en el caso de España? Mucho nos tememos que no es así.

En primer lugar veamos quién tiene la responsabilidad de evaluar las políticas públicas en España. En 2006 se creó la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), responsable de evaluar las políticas públicas y la calidad de los servicios de la Administración General del Estado, y de aquellas Comunidades Autónomas que así lo decidiesen mediante la firma de un convenio. En la exposición de motivos de la Ley 28/2006 mediante la cual se creó la AEVAL se declara que un aspecto capital que se incorpora a la gestión de servicios públicos a través de las Agencias Estatales es la profundización en una nueva cultura de gestión que ha de apoyarse en el cumplimiento de objetivos claros, medibles y orientados hacia la mejora en la prestación del servicio, con las consiguientes ventajas para los usuarios y para los contribuyentes.

Aunque el legislador español ha reconocido la necesidad de mejorar la gestión pública a través de la creación de objetivos claros y medibles y de juzgar su cumplimiento, la falta de independencia de la AEVAL del poder ejecutivo restringe seriamente su papel evaluador. Tal y como se recoge en los estatutos de la AEVAL, sus órganos directivos (Presidente y Consejo Rector) son designados por el Consejo de Ministros y su personal es dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Es posible que un organismo cuya dirección es nombrada directamente por el mismo poder ejecutivo que diseña y pone en marcha las políticas públicas a nivel estatal las evalúe de forma independiente y con rigor? Ciertamente nos parece muy difícil. Para evitar esta dependencia organismos como la Unión Europea convocan periódicamente concursos públicos abiertos en régimen de concurrencia competitiva para que instituciones independientes lleven a cabo la evaluación de sus políticas públicas. Esto por no mencionar el número y tipo de evaluaciones que realiza, que darían para un post nuevo y hasta para un libro. Sólo les sugerimos que revisen las evaluaciones publicadas (las últimas de 2011) y vean el Plan anual 2013, donde se le encomienda para este año evaluar 5 temas, entre ellos uno de los más interesantes la evaluación de la calidad de los servicios prestados por los Centros de Vacunación Internacional.

En segundo lugar vamos a ponerles un ejemplo del tipo de evaluaciones se realizan en España para los grandes planes de actuación que muestra el déficit de nuestro país en materia de evaluación de políticas públicas. Se trata de la evaluación del denominado Plan Avanza. Este plan, lanzado en 2005, cuya finalidad era impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en España, supuso una dedicación presupuestaria en su primera fase (2005-2008) de 5.076 millones de euros. En el primer año de su segunda fase (2009) el presupuesto ascendió a 1.516 millones de euros. Pues bien, ante cifras tan destacadas, la única evaluación disponible es una serie de presentaciones descriptivas del reparto del presupuesto ejecutado en el marco del plan. Y es que nuestros políticos confunden evaluar con describir, y eso siendo muy optimistas. Pero dado que en España no es ni remotamente posible acceder a información completa, relevante y veraz de lo que sucede y de cómo se gasta nuestro dinero, no es de extrañar que la evaluación esté lejísimos de las prioridades de nuestros gobernantes, que se limitan a realizar someras descripciones de la ejecución de sus políticas. Y esto es especialmente grave en un momento de políticas de contracción del gasto y aumento de los impuestos, y de cambios regulatorios muy relevantes, ya que no tenemos ni la más remota idea de los efectos reales de estas reformas, no sabemos si están alcanzando los objetivos para los que fueron diseñadas, si hay alternativas mejores o cómo podrían mejorarse.

En la era del conocimiento los políticos tomas decisiones guiados por la ideología en el mejor de los casos o por el interés personal en el peor de ellos. O si no pongamos como último ejemplo el misterioso informe previo de evaluación sobre la privatización de la sanidad madrileña –sobre este tema les recomendamos este artículo de 2012 -. Todos los madrileños estamos deseando leerlo y si verdaderamente es tan clarificador, ¿no ayudaría a que los ciudadanos apoyasen la medida? ¿O es que no somos los ciudadanos lo suficientemente inteligentes como para discernir, ante datos objetivos y claros, lo que es mejor para nosotros?

La transparencia oficial, a punto de aprobarse

Artículo publicado en la revista El Notario. aquí

Llega en breve la transparencia oficial, en forma de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (se encuentra en este momento en el Senado, pero podemos asumir que no sufrirá alteraciones en nuestra plácida Cámara alta). En el año largo transcurrido desde que llegó al Congreso el Proyecto de Ley han pasado en España muchas cosas, no precisamente buenas, que tienen mucho que ver con la opacidad de las instituciones y el Proyecto de Ley las ha reflejado en alguna medida. También se ha convocado al Congreso a una serie de expertos para dar su opinión técnica sobre el texto, lo que sin duda es un avance sobre la forma habitual de elaborar las Leyes, aunque desgraciadamente no parece que su opinión haya tenido mucho impacto en el texto final. También hay que destacar las jornadas de estudio que, con carácter previo, se desarrollaron en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, cuyas conclusiones tampoco son fáciles de encontrar en el texto de la Ley, salvo en lo que se refiere a la ampliación de los sujetos obligados a la transparencia y en la necesidad de la existencia de un órgano de control independiente. Al menos formalmente.

Se ha convocado al Congreso a una serie de expertos para dar su opinión técnica sobre el texto, lo que sin duda es un avance sobre la forma habitual de elaborar las Leyes, aunque desgraciadamente no parece que su opinión haya tenido mucho impacto en el texto final

Efectivamente, como grandes novedades derivadas de la tramitación parlamentaria y, sobre todo, de la situación de gravísima crisis política e institucional que recomendaba hacer algo (aunque fuera simbólicamente) el Proyecto de Ley ha incluido como nuevos sujetos obligados en la Ley de transparencia a los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones empresariales, e incluso a la Casa del Rey (si bien esta última de forma muy limitada, como enseguida veremos) y ha incluido un órgano de supervisión y control teóricamente independiente, el Consejo de la Transparencia y buen Gobierno.
Pero sigue en pie la gran pregunta. ¿Es suficiente una buena ley de transparencia para garantizar la transparencia real? La respuesta es una negativa categórica. Como ya he escrito en muchas ocasiones, la transparencia es sobre todo cuestión de voluntad política y de cumplimiento espontáneo, así como de cultura cívica, de manera que el país que tiene (Serbia, según el ranking de Info acces Europe, elaborado en base a indicadores formales) una mejor ley de transparencia no es precisamente el país más transparente. Por el contrario, un país o una sociedad pueden ser muy transparentes sin ley de transparencia o con una ley formalmente muy modesta. Como siempre en este tipo de clasificaciones que atienden a la realidad y no a las formalidades son los países nórdicos, anglosajones y Alemania los que están a la cabeza. Aunque sus leyes no sean las más avanzadas ni técnicamente las más perfectas. Así que la próxima vez que oigan que tenemos la ley de transparencia más avanzada del mundo (lo que por otra parte tampoco es cierto) recuerden que estamos hablando de la transparencia oficial, no de la real.

¿Es suficiente una buena ley de transparencia para garantizar la transparencia real? La respuesta es una negativa categórica. La transparencia es sobre todo cuestión de voluntad política y de cumplimiento espontáneo

Aunque como juristas nos corresponde el análisis de lo que dice el texto de la Ley lo cierto es que además de juristas somos ciudadanos, y una condición no puede deslindarse de la otra si no queremos convertirnos en inútiles juristas de salón abocados a utilizar una especie de doble lenguaje para analizar por un lado lo que recoge el texto legal y por otro, lo que ocurre en la realidad. Así que podemos decir que todo lo que ha avanzado la Ley en transparencia oficial ha sido compensado con creces por el tremendo retroceso en materia de transparencia real que se ha producido en los últimos meses en la sociedad española. Se pueden escoger numerosos ejemplos, porque desgraciadamente abundan, aunque quizá el más relevante (por su enorme gravedad y por proceder del partido en el Gobierno que impulsa la Ley sea el tratamiento dado al caso Bárcenas, con destrucción de libro de visitas de la sede del partido y discos duros del tesorero incluidos, y eso existiendo una instrucción judicial penal en marcha. Esta ha sido (al menos formalmente y no exenta de cierta cinismo en el caso del principal partido de la oposición) la causa principal alegada por varios partidos para no apoyar el texto final de la Ley, aunque también se han invocado razones técnicas (“la ley se queda corta”). En todo caso, esta es la credibilidad con la que nace esta Ley.
En cuanto al texto final, me centraré sobre todo en las principales novedades introducidas en su tramitación, para no repetir lo que he escrito en artículos anteriores Sin embargo sí querría recordar que la mayoría de los expertos que hemos escrito sobre transparencia pedíamos la regulación del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental a partir del art.20 d) de la Constitución, por numerosas razones de las que la principal no era técnica sino política. Configurar este derecho como fundamental, y no como lo ha sido finalmente, como un derecho derivado del derecho de acceso a registros y archivos administrativos del art.105.b) de la Constitución, mandaría una potente señal a la ciudadanía sobre la seriedad de la apuesta del Parlamento español por la transparencia y su decisión de cambiar la cultura de la opacidad imperante (y creciente). Este propósito no se ha conseguido, lo que me parece muy significativo.
Lo más relevante en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley es pues su ampliación con respecto al texto inicial, aunque se mantienen restricciones importantes en la “letra pequeña”. Así en el art. 2 se ha incluido como sujetos obligados a la transparencia a la Casa del Rey o el Banco de España pero solo en relación con su actividad sujeta al Derecho Administrativo. Aunque sin duda la inclusión es positiva no es tan sencillo pensar en actividades de estos órganos sujetas a Derecho Administrativo, en particular en lo que se refiere a la Casa del Rey. Más allá de algún procedimiento disciplinario con respecto a su personal no se me ocurre qué tipo de actividades sujetas a Derecho administrativo puede desarrollar la Casa del Rey, máxime cuando no existe tampoco una regulación que desarrolle jurídicamente esta institución. Y por lo que se refiere al Banco de España, si bien indudablemente hay más supuestos de actividad sujeta a Derecho administrativo, lo esencial de sus funciones queda también fuera de esta estrecha definición. Por lo que es probable que sigamos sin conocer los asuntos más relevantes para una auténtica transparencia de ambas instituciones.

Todo lo que ha avanzado la Ley en transparencia oficial ha sido compensado con creces por el tremendo retroceso en materia de transparencia real que se ha producido en los últimos meses en la sociedad española. Se pueden escoger numerosos ejemplos, porque abundan, aunque quizá el más relevante sea el tratamiento dado al caso Bárcenas

Lo mismo cabe decir de otros órganos que ya estaban inicialmente en el Proyecto y que reciben un tratamiento similar. En particular son el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Orgánico del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social e instituciones autonómicas análogas. Como novedad se incluyen en los mismos restrictivos términos también a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. Por tanto seguiremos sin conocer, si ellos no quieren, una parte muy relevante de la actividad de estos organismos, precisamente la fundamental a efectos de transparencia. Me temo que no se considerarán actividades sujetas a Derecho administrativo cuestiones como los informes de fiscalización ”internos” del Tribunal de Cuentas (me refiero a los informes técnicos que son previos a los que finalmente se aprueban y que sí son públicos), los viajes de sus Señorías, sus retribuciones, u otras muchas cuestiones que han saltado a la actualidad en los últimos meses.
Es verdad que con esta norma quizá se pueda avanzar algo en el conocimiento de los procesos de cobertura de puestos de libre designación, en cuestiones retributivas o en casos de conflicto de intereses, pero seguirán existiendo grandes zonas de opacidad que quedan fuera del alcance de la Ley de Transparencia. Y es que la configuración del derecho de acceso a la información pública como un derecho administrativo tiene estas consecuencias. Confiar en que los organismos en cuestión vayan más allá de lo estrictamente exigido por la Ley en esta materia espontáneamente –como podrían hacer perfectamente- creo que hoy por hoy no es esperable. Probablemente se acojan al propio texto de la Ley para justificar el no ir más allá de lo estrictamente exigido.
En todo caso, lo más relevante es la inclusión en el artículo 3 como nuevos sujetos obligados de a) Los partidos políticos organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 3.000 euros.
Como puede verse, se ha aceptado con respecto a las entidades privadas, aunque no del todo, la sencilla regla “follow the money” (público) en la que insistíamos algunos de los expertos. Hay que destacar que con respecto a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales no hay límites ni excepciones en cuanto a sus obligaciones de transparencia (las recogidas en el capítulo II de la Ley). Es una gran noticia, sin duda, siempre que sea verdad. Recordemos que no aparecen en la lista de sujetos las fundaciones y asociaciones ligadas a partidos políticos y sindicatos que son nichos de opacidad muy importante y que reciben grandes cantidades de dinero público.
Con respecto a la información a facilitar no hay grandes cambios. Sigue siendo lo más relevante la información que debe proporcionarse mediante la denominada publicidad activa, es decir, aquella que los organismos públicos tienen que publicar sin necesidad de que les sea solicitada. Como novedad digna de mención se incluye la necesidad de incluir el perfil y trayectoria profesional de los responsables de organismos públicos, lo que me imagino que supondrá todo un reto para el maquillaje de algunos cvs de personas afines que llegan directamente desde el partido (o incluso desde el paro) a puestos directivos de perfil técnico. O para justificar los nombramientos por cuotas de partidos de “expertos independientes” en los órganos reguladores o en otras instituciones. En cualquier caso, bienvenidos los avances aunque sean pequeños y bienvenida la cultura de intentar al menos explicar qué méritos profesionales se ostentan (dado que los “relacionales” se dan por supuestos) para llegar a un puesto de responsabilidad en el que se maneja dinero del contribuyente.
En cuanto a las retribuciones, la información que se exige se refiere solo también a los de los responsables y altos cargos y no al del resto de los empleados públicos. Siendo un avance, es indudable que muchas veces las “sorpresas” retributivas no están precisamente en el nivel de los responsables y los altos cargos, sino en la de asesores, miembros de gabinetes, e incluso personas colocadas oficialmente en entidades públicas pero que desempeñan otros puestos informales más relevantes, lo que es bastante habitual en estos días para sortear las limitaciones impuestas en Ministerios y Consejerías y demás organismos en cuanto a la contratación de personal externo.
Otros cambios se refieren a la introducción de una serie de principios técnicos en relación con la información a facilitar y en cuanto a las características del Portal de transparencia estatal tendientes a la reutilización de la información.
En cuanto al procedimiento para hacer efectivo el derecho a la información pública, no hay tampoco cambios relevantes. Aunque se acortan los plazos habituales respecto a los procedimientos ordinarios (que son bastante generosos) el derecho hay que ejercitarlo a través de un procedimiento administrativo con su habitual complejidad, silencio negativo incluido. Esta regulación tiene la consecuencia de que cualquier dilación (muy habitual en los procedimientos iniciados a instancia de parte) puede convertir en inoperante un derecho que solo tiene sentido si se accede rápidamente a la información solicitada. En este sentido, está claro que nuestros legisladores no son capaces de “think outside the box”, siendo en este caso la caja el procedimiento administrativo. O quizá no les interesa.

La Ley de transparencia puede ser una operación fallida antes de nacer, no porque muchos partidos no la hayan apoyado, sino porque la realidad se encarga de desmentir día a día que haya una mínima voluntad política de transparencia en los asuntos que realmente preocupan a la clase política y a la élite económica y empresarial que manda en este país

Es verdad que en el procedimiento está prevista una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (el nuevo órgano “independiente” del que después hablaremos y que se regula en el art.24 de la Ley) contra las desestimaciones de las solicitudes de acceso a la información,. Si el Consejo funciona adecuadamente, podría ser un mecanismo relativamente rápido de resolución para evitar los larguísimos procedimientos contencioso-administrativos.
En la parte de “retrocesos” formales hay que mencionar el hecho de que se conceda mucho más “autocontrol” a las CCAA, descontando el hecho de que muchas ya tienen aprobada su propia ley de transparencia y muchas de las que no la tienen todavía la estén tramitando. Por poner un ejemplo, la información acerca de indicadores y objetivos de políticas públicas la determinarán las Administraciones competentes, lo que obviamente limita la capacidad de obtener indicadores homogéneos en políticas públicas para todo el territorio nacional.
En definitiva, la transparencia oficial llegará hasta donde las CCAA quieran, algunas puede que incluso vayan más allá de la ley estatal. El problema es el de siempre: surgirán diferentes derechos de acceso a la información pública y a la transparencia de los ciudadanos en el territorio español con la consiguiente dificultad de comparar la transparencia de unas Administraciones con otras en base a los mismos párametros. Como consuelo, podemos decir que la transparencia real es la misma en todo el territorio español, muy escasa.
Por último, hay que referirse también a los cambios lo que se refiere al control y la supervisión del cumplimiento de la Ley, dado que la mejor de las Leyes puede incumplirse tranquilamente en España si no hay un régimen de incentivos adecuado tanto positivos como negativos. En este sentido, el actual texto supone un claro avance sobre el original, al dedicar un nuevo artículo 9 a un órgano de nuevo cuño, disponiendo que el cumplimiento por la Administración General del Estado será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, flamante nuevo órgano de control del que enseguida hablaremos.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que este control solo resulta aplicable para la Administración General del Estado. Las CCAA (suponemos que esta ha sido una de las contrapartidas por el apoyo nacionalista a la ley) pueden crear sus propios “órganos independientes”, aunque también pueden acordar que el Consejo estatal resuelva la reclamación prevista en el art.24, previa celebración del correspondiente Convenio, tal y como precisa la disposición Adicional Cuarta. En todo caso, este Consejo carece de facultades ejecutivas, dado que en caso de incumplimiento de la Ley se limitará a dictar una resolución en la que se establecerán las medidas que sea necesario adoptar para el cese de dicho incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.
En cuanto a sanciones, la ley recuerda que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tiene la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Como nuestro régimen disciplinario tradicional está en buena medida inédito, por razones que exceden del objeto de este artículo, nos tememos que tendrá la misma eficacia que el resto de las muchas infracciones y sanciones disciplinarias que decoran nuestro ordenamiento jurídico.
En cuanto a la composición del Consejo se ha atendido por lo menos formalmente al clamor que pedía una autoridad independiente para supervisar la aplicación de la Ley (dado que en el texto original se encomendaba esta función a un organismo encuadrado dentro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la AEVAL) El problema, claro está, es como son de independientes en España esas autoridades formalmente independientes, que es más bien poco. Lo que está claro es que el Gobierno ha preferido no incorporar a la sociedad civil a este órgano de supervisión.
De esta forma, la composición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno según el nuevo 36 es la siguiente: a) El Presidente. b) Un Diputado. c) Un Senador. d) Un representante del Tribunal de Cuentas. e) Un representante del Defensor del Pueblo. f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. g) Un representante de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas. h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En definitiva, el Consejo independiente se nutre (salvo en lo que se refiere al presidente, diputado y senador y al representante del Ministerio) de representantes procedentes de organismos de control formalmente independientes. Precisa la ley que la condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración. ¿Funcionará? Pues sinceramente, creo que –como suele ocurrir en España- dependerá en gran medida de las personas a las que se nombre, en particular de su Presidente. También es verdad que aunque funcione no tiene facultades ejecutivas. Y le falta el contrapeso fundamental de la representación de la sociedad civil.
Para garantizar su formal independencia del Gobierno, el Presidente será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa incomparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. No se le puede cesar libremente salvo por incumplimiento grave de sus funciones. Ya veremos que se entiende por reconocido prestigio y competencia profesional en un ámbito relativamente reciente, como es el de la transparencia.
El art.40 precisa además que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley y que el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.
Como conclusión, la Ley de transparencia puede ser una operación fallida antes de nacer, no porque muchos partidos no la hayan apoyado, sino porque la realidad se encarga de desmentir día a día que haya una mínima voluntad política de transparencia en los asuntos que preocupan a la clase política y a la élite económica y empresarial que realmente manda en este país. A estas alturas ya no creo que la transparencia oficial pueda propiciar una regeneración democrática. Y la sencilla razón es que el Régimen iniciado en la Transición ya no puede subsistir sin una dosis tremenda de opacidad.

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Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es Abogado del Estado y Directora Gerente Iclaves